viernes, 27 de marzo de 2009

¡Eureka!: el eterno retorno existe.

El segundo gran hito en el desarrollo de la Administración norteamericana se produjo con el New Deal de F. D. Roosevelt, hasta el punto que se le ha denominado el “momento constitucional” (constitutional moment) por cuanto supone una revisión de los grandes pilares de las ideas políticas y constitucionales americanas. La crisis de 1929 aceleró el crecimiento de la Administración pública en la medida que el New Deal significaba una mayor regulación e intervencionismo estatal: “estas medidas estaban justificadas para salvar al capitalismo de él mismo, corrigiendo los fallos más obvios del mercado no regulado hasta entonces” (Breyer).

Las causas de la Gran Depresión son resumidas por Maldwyn sencillamente: la capacidad de producir había superado con creces a la de consumir. Dice el historiador Maurois que sólo el 5% de la población absorbía más de una tercera parte de los ingresos. No sólo catorce millones de parados forzosos esperaban socorro, sino que seis millones de granjeros se veían abrumados por miles de deudas hipotecarias. Un diario propuso la siguiente definición de “Granja agrícola: extensión de tierra arable rodeada por todos lados de acreedores y cubierta de hipotecas, en la cual una familia de siete personas intenta en vano sobrevivir a las necesidades de un coche de ocasión cuyo depósito de gasolina está vacío”. La incapacidad de Hoover para resucitar la economía llevó al poder al demócrata Franklin D. Roosevelt, pariente de Theodore Roosevelt, que, aunque en 1921 la poliomielitis le dejó muy mermado de la cintura para abajo, logró resistir durante dos mandatos.

La depresión de 1929 añadió nuevas interpretaciones del papel del gobierno en la economía y la denominada “era Lochner” fue perdiendo fuelle a favor de una política más intervencionista, apoyada por el Tribunal Supremo. En efecto, Roosevelt asumió el poder en circunstancias dramáticas: bancos quebrados, catorce millones de parados y los granjeros en revolución.

Las alternativas eran la de anclarse en la clásica política económica del laissez faire con el fin de que las fuerzas del mercado corrigieran la situación y restablecieran el equilibrio, la de girar hacia el socialismo suprimiendo la propiedad privada y los medios de producción, o la de la economía dirigida o planificada, siendo esta última la que terminó triunfando. El Presidente, para restablecer el nivel de los precios, desvalorizó el dólar en un cuarenta por ciento. Una de las primeras y más urgentes necesidades era la de mitigar la desocupación. Para ello se aprobó una ley que facultaba al Presidente a emplear jóvenes en un Cuerpo de Conservación Civil (CCC) para la construcción de obras públicas vinculadas con la reforestación, el control de las inundaciones y proyectos similares. Durante el primer año de mandato de Roosevelt se alistaron más de 300.000 jóvenes, siendo éste uno de los proyectos “favoritos” del gobierno hasta que en 1942, el Congreso dejó de votarle sumas para el presupuesto del CCC. Por otra parte, se aprobó la Ley de Socorro de Emergencia y la creación de una Oficina de Obras Públicas (PWA) que gastó más de siete mil millones de dólares para la construcción de obras de interés público, amén de otras acciones como la creación de viviendas a bajo coste y la limpieza de los barrios más deprimidos. Precisamente, para acelerar estos programas se aprobó la Ley de Vivienda Wagner Steagall (1937) que creó, a su vez, una Agencia (USHA) facultada para conceder préstamos para la construcción de casas de alquiler económico. También se aprobó, con el fin de conseguir una mayor seguridad para el asalariado, la Ley de Servicio Nacional de Empleos (1933) que creó un sistema nacional de intercambio para que cooperase con las oficinas estatales de empleo, subvencionadas en parte por el gobierno federal; la Ley de Retiro Ferroviario (1935) que regulaba el pago de pensiones por parte del gobierno federal de las pensiones a los trabajadores ferroviarios jubilados; la Ley de Contratos Públicos Walsh Healey que disponía que a los contratos públicos cuya cuantía excediera de 10.000 dólares debían exigírseles determinados requisitos como que el contratista tuviera experiencia suficiente en el objeto a ejecutar, que pagara no menos de los salarios habituales en la industria, que no permitiera que nadie trabajase más de cuarenta horas semanales, que no empleara a ningún varón de menos de dieciséis años y a ninguna mujer de menos de dieciocho y que no llevase a cabo el trabajo en condiciones que no fuesen indebidamente peligrosas.

Algunas de estas normas fueron desarrolladas en la Ley de Salarios y Jornadas para todo tipo de contratos, no sólo para los de naturaleza pública. Es de destacar también, en esta época, la Ley de Seguridad Social, reguladora de las pensiones a la vejez, seguros contra la desocupación y otras prestaciones sociales.

Para aumentar los salarios, favoreció la celebración de contratos colectivos; para evitar el peligro que suponía la inversión en empresas quiméricas, aumentó la severidad del dominio de los bancos de emisión, prohibiéndoles ser al mismo tiempo banco de depósito, además de someterlos a la estrecha vigilancia de la Securities Exchange Commission (SEC); para aliviar a los granjeros, el Estado se hizo cargo de una buena parte de las hipotecas y disminuyó el tipo de interés y fomentó que limitaran la superficie de terreno dedicada al cultivo del algodón y del trigo con el fin de impedir la baja de los productos agrícolas.


Extracto del trabajo de Jesús Avezuela. AGENCIAS. EL EJEMPLO NORTEAMERICANO.

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